• Medida aprobada por el parlamento atenta contra la seguridad y la salud de la población

Las casas superiores de estudios  que son parte de la Agenda por el Desarrollo de Arequipa (universidades Nacional de San Agustín, Católica de Santa María y Católica San Pablo) emitieron un pronunciamiento en conjunto, tras la aprobación por parte del  parlamento de la Ley  N°28972, la cual  establece la Formalización del Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóviles Colectivos.

Los líderes de las universidades mistianas, solicitaron la intervención inmediata del mandatario, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, a fin de observe la norma e impida  su aplicación de tal manera que se evite  el perjuicio a la población arequipeña y del Perú.

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Retroceso del SIT

A  través de un pronunciamiento público el  Dr. Rohel Sánchez Sánchez,  primera autoridad de la casa  agustina, el Dr. Alberto Briceño Ortega, rector de la casa marianista  y el Dr. Germán Chávez Contreras, rector de  la Universidad Católica  San Pablo,  expresaron su preocupación   sobre los efectos negativos que tendrá la nueva norma a nivel de la seguridad y la salud de la población.

Según, refirieron las máximas autoridades universitarias, la aplicación de esta Ley propiciaría el incremento de la delincuencia que atenta contra los pasajeros colocándolos en situaciones de riesgo frente a la violencia potencial, que se generará por la participación incontrolada de vehículos que no prestarán las garantías necesarias.

Además, consideraron que el Sistema Integrado de Transporte (SIT), que tanto esfuerzo está demandando, se vería seriamente afectado por esta ley, y que en lugar de avanzar  generaría un retroceso en el ordenamiento del transporte en la Ciudad Blanca, debido a que incrementaría el tránsito de vehículos menores, lo que provocará mayor desorden en la ciudad y el  incremento de la contaminación.

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La salud en riesgo

Otro  de los riesgos que generaría  la puesta en vigencia de la  controvertida norma según manifestaron los líderes de las universidades,  es  que  se expondría a la población a graves riesgos de salud puesto que el hacinamiento de pasajeros en vehículos de pequeña capacidad sería inminente foco de contagio del COVID 19. Asimismo, consideraron que esta Ley atentaría contra los derechos ciudadanos y la autonomía de las regiones del país, lo que no sucedería en Lima y Callao.